La LOPIVI es la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, denominada “de protección integral a la infancia y la adolescencia ante la violencia”.

Su objetivo fundamental es garantizar que todos los niños y adolescentes puedan crecer en un entorno seguro, libre de cualquier forma de violencia y asegurar su derecho al desarrollo integral, emocional y físico.

¿Qué pretende?

  • Protección integral: no sólo en situaciones de crisis o después del maltrato, sino con un enfoque preventivo y de detección precoz.
  • Enfoque holístico: reconoce la importancia del “buen trato” y el derecho de los menores a ser escuchados, reconociendo su voz en decisiones que les afecten si tienen la suficiente maturidad.
  • Coordinación interinstitucional: el objetivo es que varias administraciones y ámbitos trabajen conjuntamente para prevenir y atender a la violencia.
  • Atención y reparación: no sólo evitar la violencia, sino garantizar soporte, protección y recuperación de las víctimas.

¿A quién afecta?

Obliga a todo aquel o aquella que trabaje habitualmente o tenga contacto con menores. Entre otros muchos, incluiríamos a:

  • Centros educativos y de enseñanza: escuelas, institutos, guarderías
  • Clubes deportivos y entidades de ocio
  • Empresas o asociaciones que trabajan con menores
  • Organizaciones de voluntariado en las que participan menores
  • Transportes escolares y servicios vinculados
  • Empresas y profesionales que trabajan habitualmente con menores (monitores, entrenadores, personal de comedores, etc.)

¿Qué obligaciones establece?

Entre las obligaciones clave para que la entidad pueda cumplir con la LOPIVI, tenemos:

  • Diseñar e implantar un Plan de Prevención de la Violencia adaptado a las necesidades específicas de la entidad
  • Designar la figura de Delegado/Responsable de Bienestar y Protección del menor
  • Formación del personal con carácter obligatorio, en materias de protección de la infancia y detección de la violencia
  • Promover entornos seguros para evitar situaciones de riesgo
  • Establecer canales de comunicación y denuncias
  • Promover medidas de sensibilización y educación
  • Exigir al personal contratado, voluntarios y colaboradores externos que tengan contacto habitual con menores, certificado negativo de delitos sexuales.

Por tanto, la LOPIVI deja de ser sólo una ley reactiva y se convierte en una norma preventiva, educativa y de protección integral. Implica una responsabilidad comunitaria: no sólo que las familias, sino que toda la sociedad —centros educativos, sanitarios, entidades deportivas o de ocio, instituciones públicas y privadas— asuman un compromiso activo.

Esto supone adaptarse. Formarse, implantar protocolos, establecer canales de denuncia, garantizar el soporte a menores, etc. No es sólo una obligación legal, sino una exigencia ética y social.

En definitiva, es una herramienta esencial para defender los derechos de la infancia y adolescencia y construir una sociedad que no tolere ninguna forma de violencia contra los menores.